Por Karine Boucher · Especialista en Riesgos Humanos de la IA · Creadora del Método SENSE
Una herramienta puede asignarte una puntuación en segundos… pero tú puedes tardar mucho más en entender por qué te dejó fuera. Cuando una decisión se apoya en tus datos, no basta con preguntar si el sistema funciona. Te conviene saber qué información utilizó, quién responde y cómo puedes cuestionar el resultado.
Para revisar esta situación en Brasil, te recomiendo consultar la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Ley 13.709 de 2018. Es una ley de protección de datos, no una certificación de sistemas de IA. Su utilidad aquí está en conectar el tratamiento de información personal con las decisiones que afectan a una persona.

Qué conviene saber antes de usarla como referencia
La LGPD contempla tratamientos del sector público y privado. Su artículo 3 establece conexiones territoriales para determinar su aplicación; no depende simplemente de que la persona tenga nacionalidad brasileña. Los artículos 6 y 7 recogen principios y distintas bases para el tratamiento. Por eso, tampoco sería correcto resumirla como «todo se resuelve pidiendo consentimiento».
El texto actualizado de la Câmara dos Deputados incorpora modificaciones posteriores a 2018, incluidas las institucionales de la Ley 15.352 de 2026. Te recomiendo consultar esa versión y revisar el caso con una persona especializada antes de trasladar requisitos a un proyecto. No es una regla que puedas aplicar automáticamente a cualquier organización de otro país.
Decisiones automatizadas: qué dice el artículo 20
El artículo 20 reconoce la posibilidad de solicitar revisión de decisiones tomadas únicamente mediante tratamiento automatizado de datos personales que afecten los intereses de su titular. También contempla información clara sobre criterios y procedimientos, con las reservas previstas para secretos comerciales e industriales.
Hay un detalle importante: su redacción actual no dice expresamente que toda revisión deba hacerla una persona. Tampoco garantiza que la decisión vaya a cambiar. Prefiero señalar ese límite antes que prometerte un derecho con un alcance que el texto no establece.
Ejemplo ficticio: una solicitud descartada sin explicación útil
Imagina que solicitas un servicio y recibes una negativa automática. El mensaje solo dice que tu perfil no cumple los criterios. Descubres después que el sistema usó un dato antiguo sobre ti.
Yo empezaría por separar 3 preguntas: ¿el dato era correcto?, ¿cómo intervino en la decisión?, ¿existe una vía real para revisar lo ocurrido? No son la misma pregunta. Corregir información no demuestra por sí solo que el procedimiento sea adecuado, y explicar una puntuación no sustituye una revisión cuando corresponde.
Si estás del lado de la organización, te propongo probar esa vía antes de necesitarla. Pide a alguien del equipo que siga el recorrido de una consulta ficticia: desde el mensaje inicial hasta la respuesta. Observa si encuentra a una persona responsable, si comprende qué documentación hace falta y si recibe una explicación que pueda utilizar.
Cómo lo relaciono con los riesgos humanos de la IA
Seguridad, privacidad y dignidad: me interesa qué información se recoge y qué consecuencias tiene usarla fuera de contexto. Un dato puede parecer pequeño para quien diseña el formulario y ser decisivo para quien recibe la negativa.
Decisiones, organizaciones y sociedad: te recomiendo mirar quién acepta el resultado del sistema y quién puede corregir el proceso. Delegar una clasificación no debería volver invisible la responsabilidad de la organización. Estas relaciones pertenecen a mi Taxonomía IAConSentido, no a una clasificación oficial de la LGPD.
Por dónde puedes empezar
Elige 1 decisión concreta de tu organización y anota qué datos intervienen, qué parte está automatizada y dónde puede acudir la persona afectada. Lleva las dudas jurídicas al responsable adecuado. Ese ejercicio no acredita cumplimiento; te ayuda a llegar a la revisión con preguntas específicas, en lugar de una confianza general en el proveedor.
Referencia jurídica: Brasil. Texto oficial actualizado consultado en noviembre de 2026. Esta explicación es orientativa y no sustituye asesoría jurídica ni una evaluación del caso.
